Ley de Dependencia

La puesta en marcha, a principios del año que viene, del Sistema Nacional de Dependencia, va a beneficiar a más de 1.200.000 personas en toda España, de las cuales, serán, al menos 44.000 familias murcianas, las que perciban los beneficios de la aplicación de esta Ley.

Cuando comience a funcionar, esta Ley permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo, así como avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar, al facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lo que hace que se configure como el elemento central del cuarto pilar del Estado del Bienestar y que se consagre un nuevo derecho de ciudadanía.

El Estado aportará el 50% de la financiación necesaria para extender los derechos a todos los ciudadanos que lo necesiten, a pesar de que las competencias en materia de asuntos sociales están transferidas a las CC.AA. La previsión de coste para el Gobierno Central, es de 400 millones de € para 2007, llegando en el 2015 a casi 2.213 millones de €. Es necesario que las CC.AA., que poseen las competencias en la materia, aporten el resto de financiación y que las administraciones locales tengan un papel relevante en la aplicación y el desarrollo de la Ley.

Por todo ello, proponemos al Pleno que la Administración Regional reconozca y potencie a los ayuntamientos en la prestación de los servicios y atenciones que reconoce la ley a las personas dependientes. Del mismo modo, consideramos que la Comunidad Autónoma debe de tener en cuenta el papel de los Ayuntamientos a la hora de establecer las políticas regionales de servicios sociales, así como trasladar su voz al futuro Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia.

Para terminar, solicitaremos al Pleno del Ayuntamiento de Águilas para que demande para que se transfieran los suficientes recursos económicos a los diferentes Ayuntamientos, para que la aplicación de las políticas de bienestar social emanadas de la ley no supongan coste alguno para la administración local.